Del las fosas de Putis sale la demanda de justicia para las víctimas.
DATO Miedo en el gobierno Lamilla aseguró que la actitud del gobierno esconde el temor que, ante la velocidad que se avanza con las evidencias que se van encontrando, se actualicen sucesos ocurridos en el primer gobierno de Alan García, como los de Accomarca, Cayara y El Frontón, donde, dijo, existió una responsabilidad política y penal, ya que el Presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo que conocer la movilización militar hacia estos lugares.

Venticuatro años después de aquel trece de diciembre de 1984, cuando más de cien comuneros fueron ferozmente masacrados en la localidad ayacuchana de Putis, en la provincia de Huanta, por tropas de la base militar de la zona, parece que por fin la luz de la justicia se enciende para las víctimas y sus familiares, quienes continúan sin poder entender el porqué de la insana crueldad con que actuaron los asesinos y esperan, por fin, enterrar dignamente a sus seres queridos y paliar, de alguna manera, el dolor y la impotencia que los han acompañado todos estos años. Hay voces que reclaman justicia y otras que están dispuestas a ayudar para cerrar las heridas que la muerte de los campesinos abrió en los pobladores de Putis, en las alturas de Ayacucho.

El director de la organización no gubernamental Paz y Esperanza en Ayacucho, Norberto Lamilla, aseguró que la masacre de más de cien comuneros fue la ejecución de una modalidad criminal aprendida por los miembros del Ejército peruano durante su instrucción en la Escuela de las Américas en la Zona del Canal de Panamá, donde fueron capacitados por militares norteamericanos que impulsaron en el continente el modelo usado por los nazis para aniquilar a sus víctimas, como forma de enfrentar el avance del comunismo.

Los pobladores de Putis, asesinados aquel trece de diciembre de 1984, fueron previamente reunidos y obligados a cavar sus fosas, con el engaño de que servirían para la construcción de una piscigranja. Luego de la violación de las mujeres, fueron colocados alrededor de las fosas y asesinados a tiros por los militares, cayendo sus cuerpos dentro de las fosas, tal como fueron ejecutados cientos de miles de judíos por la Alemania nazi.

Norberto Lamilla sostuvo que las declaraciones del ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, que atribuyen la autoría de la masacre a subversivos y no a los militares, “sintonizan perfectamente con el recurso del presidente García y los congresistas apristas más acérrimos defensores de quienes son sindicales como violadores de Derechos Humanos”.

“Me preocupa en realidad porque están haciendo un papel ridículo al declarar que los presuntos asesinos pudieron haber sido miembros de Sendero Luminoso y no del Ejército, no obstante las evidencias”, continuó.

Entre estas pruebas, Norberto Lamilla señaló los proyectiles hallados en el lugar del crimen y que corresponden al Ejército, ya que tienen códigos y marcas. “Yo sé que Sendero Luminoso también arrebató algunas armas, pero todos los proyectiles encontrados son de la marca Fame, que era una empresa del Ejército; y tienen como fecha de fabricación el año de 1983”, manifestó.

Agregó que a ello se suma el testimonio del alcalde de Marccaraccay, Isaías Palomino, quien señaló que él mismo llevó al Ejército para que pueda apostarse en Putis y que el día de los hechos, vio desde una distancia prudencial cómo mataban a los campesinos.

Vilma Escalante
Enviada especial